El Consejo de Estado enmienda toda la ley de Parques Nacionales

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Publicado en Viernes, 24 Enero 2014
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El Consejo de Estado tiene dudas sobre la constitucionalidad de la Ley de Parques Nacionales que ultima el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, una norma que durante su tramitación ha levantado controversia por autorizar, por primera vez, usos turísticos en las 15 grandes joyas naturales españolas. El Consejo de Estado alerta al ministerio de Miguel Arias Cañete de que el anteproyecto podría no ajustarse a “los parámetros de constitucionalidad” y le insta a reconsiderar “la totalidad del texto”, según recoge el dictamen de esta institución, de 26 de diciembre, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El órgano consultivo señala que hay varios artículos de la nueva ley que podrían invadir competencias de las comunidades autónomas, especialmente los que tienen que ver con la regulación del procedimiento de declaración de los parques, la declaración del estado de emergencia por catástrofe medioambiental y la intervención del Estado en caso de conservación desfavorable. El dictamen recuerda que ha habido mucha “litigiosidad constitucional” con leyes anteriores que regulaban los parques nacionales, cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas, según han determinado varias sentencias del Tribunal Constitucional, y que hay que “cuestionar la conveniencia de volver a establecer un nuevo modelo que genere potencialmente controversias competenciales”.

La gestión de los parques nacionales ha generado tradicionalmente muchas fricciones entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que han elevado sus quejas a los tribunales. La ley anterior, de 2007, provocó recursos ante el Constitucional que ahora el Consejo de Estado teme que podrían repetirse puesto que “un porcentaje muy alto de su texto es simple copia literal de los artículos actualmente vigentes”. Es decir, este organismo le dice a Cañete que está prácticamente copiando una ley socialista que ya generó conflicto en los tribunales y señala que “sería muy conveniente” reflejar tal coincidencia en la exposición de motivos.

El Consejo de Estado menciona en dos ocasiones que “la urgencia” con la que le han solicitado el dictamen le impide profundizar en el anteproyecto y que se tiene que limitar a analizar los aspectos “potencialmente más conflictivos”. Uno de ellos es la declaración del estado de emergencia por catástrofe medioambiental, que según el texto corresponde al presidente del organismo autónomo de Parques Nacionales. El dictamen señala que es “necesario articular un mecanismo que permita actuar primero a la comunidad autónoma” y que se debe definir —“debería a toda costa dejarse muy claro”— qué se entiende por emergencia.

El anteproyecto de ley también faculta al Gobierno para intervenir en caso de “conservación desfavorable” del parque nacional. El Consejo de Estado considera, en primer lugar, que “no basta con aludir de manera genérica” a los supuestos en los que se produciría esa intervención, como que “los mecanismos de coordinación no resulten eficaces”, sino que es necesario incluir en el texto un “trámite de requerimiento formal final” a la comunidad autónoma para que sea ella, en el ejercicio de sus competencias, la que actúe en primer lugar.

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